El 21 de agosto de 2019 el Twitter de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló lo siguiente: “El próximo 3 de septiembre concluye por decisión del Gobierno de Guatemala, una singular experiencia de cooperación internacional, cuyo éxito, a pesar de las dificultades de los últimos meses, tal vez ni sus gestores verdaderos visionarios alcanzaron a imaginar: @Ivan_Velasquez_”.
La declaración del Comisionado de la CICIG, Ivan Velásquez, anuncia no sólo el fin de las operaciones de este organismo, sino que vislumbra más que entrelíneas la victoria de un sistema político que se notó incomodo por las acciones que evidenciaron corrupción en una escala de magnitud sistémica en Guatemala.
¿Por qué la decisión de un organismo como la CICIG es relevante? Porque la CICIG había logrado posicionarse —además de ganar reconocimiento internacional— como una organización de diseño atrevido y novedoso que ofreció resultados relativamente rápidos. Pero más que resultados prontos, la CICIG se caracterizó por realizar acciones conjuntas con diferentes organizaciones públicas guatemaltecas que tuvieron consecuencias importantes en contra de la impunidad política en Guatemala, a grado tal que su trabajo fue insumo para que se juzgara a las más altas autoridades de ese país: al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, por liderar la red de defraudación aduanera en su caso más representativo. Además, el trabajo de la Comisión evidenció a diferentes esferas corrompidas en la administración pública, la policía, la milicia o el poder judicial. La historia de la CICIG, su diseño organizacional, los métodos de investigación, los mecanismos de cooperación y colaboración nacional e internacional y los resultados que ofreció, fueron derrotados por el mismo sistema político que le dio entrada y viabilidad operativa en el año 2006. En las siguientes líneas exploramos por qué su desaparición es una dolorosa pérdida organizacional para las políticas anticorrupción en el mundo.
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David Arellano Gault
Doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado, Profesor Investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), SNI nivel III y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Luis Jair Trejo Alonso
Maestro en Administración y Políticas del CIDE. Profesor investigador asociado en la División de Administración Pública del CIDE.