Editorial Totoaba
Hace más de dos años, a mediados de julio 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces ganador de las elecciones presidenciales, anunció los 50 puntos de austeridad y anticorrupción para su gobierno. Se trató de un plan que giró en torno a dos ideas que la 4ta transformación, como gobierno, ha insistido una y otra vez desde que tomó el poder: combatir corrupción e implementar la austeridad republicana. En el numeral 18 de aquel documento ya se había anticipado la medida: “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
Hoy esa idea se ha materializado en una iniciativa que por el momento ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en espera de su votación en la Cámara de Senadores. Las razones para desaparecer los fideicomisos –dice el documento– son para “mitigar los daños que pueda ocasionar la crisis económica internacional provocada por la pandemia por el COVID” y por ende hay que “eficientizar al máximo los recursos públicos con los que cuenta el Estado mexicano, a través de su correcta aplicación para el cumplimiento de sus objetivos o mediante reasignaciones para su debido aprovechamiento”.
Los temas que los fideicomisos atienden son variopintos. Van desde deportes, la protección a periodistas y defensores de DD.HH., atención a desastres naturales, la ciencia y la tecnología, la cinematografía, entre otros. Ante los argumentos de opacidad y discreción, los Centros Públicos de Investigación (CPIs) han sido los más vocales en su defensa. Ni son opacos, ni son discrecionales, argumentan ellos. De hecho, todo lo contrario, cuentan con Comités Técnicos, están sujetos a la vigilancia y fiscalización de Órganos Internos de Control (OIC), sujetos a leyes de transparencia, información gubernamental, están sujetos a auditorías y, además, no existe el secreto fiduciario. En total, se trata de 109 fideicomisos que, insisten, no hay razón para desaparecer. Dos posturas, dos visiones y mucha información ha circulado en los últimos días al respecto. Todos los fideicomisos son corruptos versus los fideicomisos son las herramientas más transparentes habidas y por haber. Las hipérboles narrativas no han ayudado mucho.
Para hablar de este tema en esta ocasión nos acompañó Paula Sofía Vázquez, abogada por la UNAM, quien explica las características de los fideicomisos y su manera de operar. Además pone énfasis en que el proyecto de reforma tiene dos serios problemas: por un lado, los fideicomisos se metieron en la misma bolsa, no existió un análisis ni diagnóstico previo que ayudara a dilucidar cuáles funcionan y cuáles no, cuáles son corruptos y opacos y cuáles transparentes; por el otro, que el dictamen turnado a senadores no cuenta con elementos que brinden certeza acerca de cómo los grupos afectados por la desaparición de los mismo podrán acceder a los recursos en los próximos años.
En este capítulo de Estación Totoaba enfatizamos una de las características más importantes del presupuesto y la administración de recursos: se trata de un proceso meramente político. Sin embargo, en esta ocasión, el debate va más allá de la utilización de los instrumentos o herramientas jurídicas para administrar recursos –y lo que eso implica–, sino que se trata también de un proceso que ha puesto en manifiesto la realidad política en México: el predominio de una narrativa que viene desde el Presidente y que es apropiada por legisladores y simpatizantes. Una operación que requería la utilización delicada y experta del uso de un bisturí terminó siento cortada con un machete.
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