Ana Sofía García
México, al igual que otros países alrededor del mundo, enfrenta enormes retos para garantizar los derechos humanos de las nuevas generaciones. El panorama es cada día más incierto para la juventud mexicana, principalmente por la inminente crisis económica, la pandemia de COVID-19, los salarios bajos y la escasa formalidad laboral existente en el país. Los beneficios estatales de los que alguna vez gozaron las anteriores generaciones se esfumaron a la par del llamado Estado de Bienestar.
En cuestión de vivienda, el Estado mexicano enfrenta dos principales retos. Primeramente, reducir la actual concentración de la propiedad privada en un limitado número de personas. En segundo lugar, reducir la brecha de género existente en cuanto a la propiedad de la vivienda, a pesar del constante esfuerzo de las mujeres mexicanas en los últimos setenta años para que su papel en la sociedad sea reconocido y valorado.
El programa Rentar para Comprar surge como una respuesta para disminuir esta desigualdad social que diariamente enfrentamos las mujeres mexicanas. Utilizando como principal herramienta un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra, la propuesta considera las debilidades de los esquemas previos de vivienda social, puesto que su diseño toma en consideración medidas para evitar el abandono de los inmuebles, así como el bajo acceso a bienes y servicios básicos por la práctica común de edificar vivienda social en la periferia. Es una opción incluyente que busca evitar la estratificación de zonas según el nivel socioeconómico de sus habitantes.
Básicamente el programa consiste en proporcionar a las beneficias la opción de rentar una vivienda propiedad del Estado cuyo tamaño dependerá de sus necesidades y los ingresos que perciban. Viviendas de diferentes características y tamaños serán construidas dentro de un mismo complejo, dando preferencia para su construcción a terrenos céntricos abandonados y posteriormente recuperados por el gobierno. Mientras un porcentaje de la renta que desembolsen las beneficiarias servirá para autofinanciar el programa, el resto será considerado un ahorro que generará rendimientos con el paso del tiempo.
El programa sobresale por su carácter flexible, puesto que permite realizar un cambio de vivienda a una más amplia si, por ejemplo, aumenta el número de dependientes, así como a una más pequeña cuando las hijas y los hijos abandonen el hogar al alcanzar la edad adulta. Lo anterior en un esfuerzo por optimizar el espacio disponible para las familias. El programa también permite a las beneficiarias cambiar a una vivienda en un área geográfica diferente en el caso de que la jefa del hogar encuentre oportunidades de empleo apartadas de su comunidad de origen para reducir los tiempos de traslado y evitar la saturación del transporte público. Al término de la vigencia del contrato de arrendamiento, la beneficiaria podrá optar por adquirir dicha vivienda pagando el capital remanente y los intereses devengados al momento de la liquidación. De igual forma podrá optar por retirar el ahorro que haya generado para comprar una vivienda por su cuenta.
Con una implementación adecuada, esta propuesta puede hacer la diferencia en la vida de millones de familias mexicanas. Bien valdría la pena la apuesta.
Esta entrada es una breve sintesis del proyecto de la autora, quien fue galardonada con el primer lugar de la Primera Edición de la Convocatoria Mujeres en el Territorio, en la categoría de Política Pública.
Pueden consultar el proyecto aquí.