En estos días el tema de la corrupción ha vuelto a la agenda pública y, probablemente, a la agenda gubernamental también. Aunque el problema (o mejor dicho los problemas) de corrupción en México es muy antiguo, y aunque desde hace unos 30 años el gobierno federal ha impulsado diversas iniciativas en la materia, las implicaciones negativas del uso privado de los bienes, recursos y servicios públicos parecieran persistir.
La fragmentación institucional de la fiscalización en las entidades federativas es uno de los problemas principales que enfrenta el sistema de rendición de cuentas interinstitucional en México. Más allá del marco legal y de la autoridad de los actores encargados de fiscalizar las políticas públicas ejercidas por los gobiernos, los factores que determinan la calidad y el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas se refieren a la interacción que llevan a cabo los actores políticos relevantes en los estados.