“El Estado soy yo”, frase atribuida al Rey Sol, esconde más significado que el que trasluce en la superficie. No existe prueba de que jamás la hubiese proferido, pero le queda como traje a la medida. A él debemos la autorreferencia de soberano, es decir, en lugar de a su propio nombre, en algún momento, el rey Luis XIV comenzó a hablar a nombre del Estado. Nada más natural que la soberanía del rey, que se daba por descontada, pasara a ser la soberanía del Estado, y que la lealtad que la incipiente burocracia le profesaba, se convirtiera en obediencia al Estado. Desde entonces, el aparato burocrático conforma el cuerpo administrativo del soberano. Los funcionarios públicos que, por la gracia del rey, habían literalmente comprado sus cargos, le debían todo y ejercían sus tareas a su nombre. La venalidad de los cargos, sin embargo, hacía de la administración pública un mercado, objeto de lucro privado, como en efecto era el caso.
Ahora bien, lo público de la administración pública proviene de la vieja noción de que, en su figura, el rey guardaba la esencia del publicus: lo que pertenece, lo que se refiere al pueblo. Lo cual se explica no sólo por sus dotes extraordinarias, sino porque su presencia corpórea literalmente encerraba, por más elusivas que fueran en realidad, las posibilidades de protección y prosperidad para la gente de a pie. De ahí la importancia de sus ocasionales “baños de pueblo,” para que todo mundo lo palpara en carne y hueso, y de ahí también la continuidad de su existencia: ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey! El cuerpo físico del rey se convirtió, tras el Renacimiento y el absolutismo ilustrado, en el cuerpo abstracto del Estado: la administración pública con la autoridad en la cúspide. Cada una a su manera, las revoluciones Inglesa y Francesa (la pequeña revolución prusiana simplemente transformaría su propio absolutismo burocrático en una monarquía constitucional), alejaron el servicio público de la compra-venta de cargos, proceso que España y, por extensión, México, nunca vivieron.
Posteriormente, las exigencias democráticas del siglo XIX y las demandas sociales asumidas por el Estado transformaron al servicio público en Europa, con la ayuda conceptual de las teorías de la división de poderes, la voluntad general, la soberanía y la representación, en ese conjunto de funciones orientado al bienestar de la sociedad, al lado de las tradicionales funciones de justicia y seguridad. Doble herencia, pues, de difícil conciliación: la administración pública como brazo de la autoridad del Estado (en México, con una buena dosis de patrimonialismo), y como expresión democrática de la voluntad popular, que somete al servidor público, sí, a la publicidad, es decir, a la transparencia. Y de manera concomitante, dos éticas se tornan improrrogables para orientar su quehacer, habida cuenta de la integridad del servidor público. Ética de la eficiencia: imperativo categórico que implica ajustar su proceder a las normas y a los procedimientos, porque en ello se cifra la posibilidad de un orden administrativo eficiente, y porque en la medida en que el campo de discrecionalidad del servidor público se reduzca (por la presencia de un armazón tan amplio como detallado de reglas), disminuyen igualmente los riesgos de tomar decisiones que no le corresponden. Ética de la legitimidad: imperativo hipotético que se hace cargo del entorno democrático en que se despliega el servicio público y que sugiere un vínculo con la sociedad, no como algo etéreo, impreciso, sino como el firme compromiso de contribuir al bienestar colectivo.