La remunicipalización como estrategia para la implementación del derecho humano al agua
El Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública se celebra a partir del 2002, decretado a través de la resolución 57/277. Este día tiene como objeto 1celebrar la excelencia en la provisión de servicios públicos (aquí esta la lista internacional de ganadores del Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público). Es muy interesante notar que de los ganadores del Premio en su edición 2014, solamente uno esta relacionado con agua y saneamiento (el segundo lugar de África). Si bien se pudiera suponer que esto se debe a las intenciones de las Naciones Unidas de ofrecer balance y variedad mediante la selección de diferentes tipos de iniciativas de servicios públicos (se incluyen programas de e-gobierno, buen manejo financiero y presupuestación,etc.), hay otra forma de visualizar este resultado: la provisión de agua potable de buena calidad, alcantarillado y saneamiento de forma universal, un servicio público por excelencia, está siendo percibido cada vez menos como una responsabilidad de los gobiernos y más como un servicio que debe ofrecerse a través de consorcios y empresas privadas.
Bajo esta óptica, el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales tienen costos elevados que, desistir intervención privada pudieran verse reducidos por economías de escala y otros factores (tales como que exista un cúmulo de experiencia en el tema por parte de la empresa privada, o que dicha compañía tenga ya una infraestructura ya consolidada para ofrecer el servicio de agua potable, alcantarillado saneamiento). Sin embargo, varios autores han demostrado ya que el argumento de la eficiencia esuna falacia. Este argumento a favor de la privatización de los servicios públicos es promovido fuertemente por instituciones internacionales y adoptado con gran entusiasmo por parte de nuestras autoridades y agencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno.
Este tipo de decisiones por parte de los gobiernos tanto federal como estatal y municipal es preocupante,particularmente en el contexto de un día que celebra la excelencia en la administración pública y en la provisión de servicios públicos. En primer lugar, porque la provisión del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento es precisamente una obligación del municipio a partir de la reforma constitucional del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1983. La promoción por parte de agencias gubernamentales de la transferencia de la operación de los organismos operadores encargados del suministro de agua a empresas privadas va directamente en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las implicaciones legales que esto conlleva.
En segundo lugar, es problemático que la corriente paradigmática privatizadora venga directamente de las agencias gubernamentales debido a que también atenta contra otro derecho ya establecido en la Constitución mexicana: el derecho humano al agua potable y al saneamiento, a través de la reforma constitucional al artículo 4 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Febrero del 2012, con la adición del sexto párrafo que afirma que toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico enferma saludable y asequible. Este artículo indica que es responsabilidad del Estado garantizar este derecho. Y esa obligación plasmada en la Constitución reitera que el agua es entonces un servicio público (y como tal, una responsabilidad gubernamental, y no de una empresa privada).
Los movimientos sociales de protesta y reclamación contra la privatización han crecido en número e impacto en los últimos años. El caso más sonado es, sin duda, Cochabamba en Bolivia, donde las protestas en contra de la privatización del agua municipal lograron la cancelación del contrato del gobierno con la empresa Bechtel. Las historias de éxito de estos casos de re-apropiación del servicio público no son muchas (hay actualmente solamente 83 casos de remunicipalización documentados en la literatura), pero ciertamente ofrecen un rayo desesperanza en un ambiente socio-político global que trata de transformar la naturaleza de un servicio público en un bien privado.
En el contexto del Día Mundial de la Administración Pública, resulta entonces importante reflexionar y recordarle a los servidores públicos que una de las mejores estrategias para la implementación del derecho humano al agua es retomar su naturaleza de servicio público, y traer de nuevo “lo público” al servicio público del agua y saneamiento mediante la remunicipalización. La evidencia empírica acumulada en contra de la privatización del suministro de agua y en favor de la remunicipalización es contundente. Esperemos que los servidores públicos retomen su papel, reflexionen a este respecto y actúen en consecuencia.