David Arellano
Alejandra Ríos
Edgar Ramírez
Eduardo Villarreal
Jesús Hernández
Mauricio Dussauge
Para quienes tenemos un particular interés por comprender el lado gubernamental (administración, gestión y políticas públicas) de la vida democrática, la celebración del “Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública” supone siempre un buen motivo para reflexionar. Aunque las cuestiones interesantes abundan y las preferencias personales son muy diversas, hay un tema en particular que quizás valga poner sobre la mesa por sus implicaciones teóricas y sus alcances prácticos, pero también porque va al corazón de nuestras actividades cotidianas como docentes e investigadores: la posible (ir)relevancia de lo que decimos, escribimos y enseñamos sobre Administración Pública para todos aquellos que quieren saber de, o trabajan en, la administración pública.
La enorme importancia del tema puede notarse lo mismo en discusiones internacionales recientes, que en algunos estudios empíricos nacionales pioneros. Por ejemplo, en las páginas y el blog de la revista Governance (uno de los journals más respetados de la disciplina), Stephen Del Rosso, Richard French y Donald Moynihan han debatido sobre qué tan relevantes son las aportaciones de disciplinas como la Ciencia Política y la Administración Pública para quienes toman decisiones públicas. Del otro lado del Atlántico, Patrick Dunleavy y otros profesores de la London School of Economics and Political Science han publicado un libro y contribuyen regularmente a un sitio web que busca entender cuál es el “impacto” que las ciencias sociales (AP incluida) tienen sobre las actividades gubernamentales.
Los profesores Gerry Stoker, B. Guy Peters y Jon Pierre recién editaron el libro The Relevance of Political Science, en el cual diversos académicos tratan de responder cómo sus áreas de investigación contribuyen o no (y por qué) a la resolución de problemas públicos. Tanto Paul Avey y Michael Desch en los Estados Unidos, como Colin Talbot y sus colegas de la Universidad de Manchester, han explorado qué es lo que los funcionarios están esperando de parte de los expertos académicos. Finalmente, en el caso de México, los profesores David Arellano y Jesús Hernández (CIDE) y Fernando Patrón (Universidad de Guanajuato) han comenzado a investigar qué tan útiles son los conocimientos generados por los académicos nacionales para quienes se desempeñan en el sector público federal o estatal.
Si tomamos éstas referencias (y otras similares) como punto de partida, podríamos plantearnos por lo menos tres grandes preguntas: ¿existe realmente una brecha entre lo que hacemos como investigadores en materia de AP (entendida en términos amplios, incluyendo AP, Políticas Públicas, Gestión Pública, pero también aspectos de Ciencia Política) y lo que hacen los servidores públicos? Dado nuestro papel de investigadores/científicos sociales, ¿deberíamos preocuparnos porque exista esta brecha? Si nos preocupa la brecha, ¿qué deberíamos hacer para reducirla? Si bien las preguntas surgen con relativa facilidad, las respuestas probablemente no sean tan sencillas. De hecho, quienes contribuimos a esta nota, hace unos días conversamos apasionadamente sobre estos temas sin necesariamente llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, sí encontramos inquietudes y preocupaciones comunes, que en el marco de esta celebración internacional acaso valga la pena compartirlas.
Durante nuestra charla, dijimos que sería importante saber por qué y en qué sentidos es que nuestro mundo académico está distanciado (o no) del mundo de la práctica administrativa. Encontramos, muy preliminarmente, tres dimensiones que nos orientaban acerca en dónde encontrar los principales desafíos del tema:
- Desde el lado de la academia, coincidimosque sería importante conocer cuáles son las limitaciones de nuestra producción científica en términos de lo que comunica (o no) a los practitioners. A partir de ello, podríamos saber si debemos hacer algo para que se “consuma” más (por ejemplo en términos de formatos) la investigación.
Discutimos que la (posible) brecha se debe, por lo menos desde esta dimensión, a condiciones ambientales (acaso estructurales) que complican el involucramiento de los profesores como “divulgadores” de sus productos académicos. Por ejemplo, no existen realmente incentivos institucionales (informales, monetarios o vinculados al logro de definitividad), que motiven a dar el paso extra que va de la redacción de un sólido “paper” académico a la escritura de un texto de difusión, menos aún de una nota en un blog. Sobra decir que entre cursos, dictaminaciones, direcciones de tesis, redacción de textos y demás responsabilidades rutinarias, los profesores difïcilmente tienen tiempo para realizar este tipo de actividades adicionales. - Desde el polo de la lógica gubernamental consideramos que sería importante saber cómo se informan y qué buscan los practitioners como consumidores de nuestros productos académicos, algo que en realidad no tenemos muy claro. Al respecto, s ería necesario saber cuestiones como: ¿toman decisiones basadas en evidencia? ¿Buscan ejemplos de otros lugares para orientar sus decisiones? ¿Acuden a experiencias previas para fortalecer sus acciones? ¿cuándo se forman propuestas o alternativas de política sólidamente informadas son exitosas y llegan a la etapa de implementacion? ¿es comun que interes o factores políticos logren vetar o alterar propuestas de política pública sólidamente estructuradas y sustentadas?
- Desde los mecanismos para cortar o disminuir la distancia entre ambos (puentes): a pesar de estas limitaciones, observamos algunas opciones que bien podrían ayudar a cerrar esta brecha (real o percibida), y que al mismo tiempo sirvan para enriquecer las conversaciones entre los académicos y los practicantes de la AP y PP . Aunque opciones hay muchas, creemos que podrían crearse más espacios en los cuales, de forma periódica pero con frecuencia , los servidores públicos dialoguen con investigadores y estudiantes sobre temas de su especialidad, incluyendo aquéllos que ocupen algún sitio privilegiado en la agenda pública. Como en el caso de otros países y otras áreas del conocimiento, también podrían prepararse boletines que comuniquen de forma sencilla a los funcionarios públicos nuestros principales hallazgos. En un sentido similar, nuestras revistas académicas tal vez deberían incluir “points for practitioners”, por medio de los cuales transmitamos con claridad cuáles son nuestras aportaciones específícas al mundo de la práctica. Para socializar aún más nuestras investigaciones, quizás tendríamos que usar con mayor intensidad herramientas como los blogs, los podcasts o las revistas de divulgación que suelen ser leídas por la clase política del país. Asimismo, deberiamos tratar de acomparar n uestros ejercicios de “investigación aplicada” con notas (impresas o en la internet) más o menos detalladas, en donde demos cuenta de cómo los análisis académicos desarrollados podrían llegar a tener alguna consecuencia positiva importante en el diseño, funcionamiento o sustentabilidad de las organizaciones, programas o políticas públicas del caso.
Por los temas que investigamos y enseñamos, así como por la cantidad de actividades externas vinculadas a la práctica que realizamos, nuestra atención suele centrarse en el análisis de problemas o transformaciones gubernamentales prácticas. Además, el objetivo explícito del CIDE es “contribuir al desarrollo del país a través de la generación de conocimiento riguroso y relevante”. En un día como éste vale mucho la pena recordarlo y seguir pensando en cómo construir puentes entre el mundo de las ideas y las propuestas teorícas sobre Administración Pública, y el mundo de las realidades y las experiencias empíricas de la administración pública.