La participación social organizada en la solución (emergente) de los problemas públicos

Todos somos constructores del Estado. Formamos y conformamos al Estado como ciudadanos: agentes titulares de derechos, activos dentro de campos sociales complejos, enfrentamos problemas públicos de forma cotidiana, y participamos en su solución de formas heterogéneas. Por ejemplo, el Dr. David Arellano y Mtro. Gabriel Rojas, en la sexta edición del podcast: El Administrador Público, abordaron el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre, en el que la participación social es estructurada por una lógica de incentivos, negociaciones y reciprocidades propias de un programa gubernamental local. Pero esa es solo una cara de la participación social.

Existen también estructuras informales de ciudadanos que promueven un amplio grupo de agendas temáticas, de maneras muy diversas: desde el activismo digital, la ocupación de espacios públicos, la colaboración voluntaria en alguna tarea de apoyo público, o de formación, y hasta el altruismo más elemental. De la misma manera, existen estructuras formales u organizaciones con personalidad jurídica, que participan de forma diversa en múltiples agendas, ya sea por medio de intervenciones directas en problemas públicos determinados, o realizando actividades de incidencia, como el litigio estratégico y el cabildeo, para observar la correcta aplicación de la ley, el desarrollo de nuevas políticas, o su ajuste. De esta arista de la participación social quiero compartir algunas reflexiones en este espacio.

Actualmente, el bienestar, como una situación accesible para todos en México, está muy lejos de concretarse con las amenazas a la salud, a las actividades económicas y a la seguridad pública. La emergencia sanitaria hace más patente que nunca la necesidad de fortalecer al Estado, y en esto juegan todas las caras de la participación social. Empero, de forma particular, me preocupa, como especialista en la sociedad civil organizada, el papel que desempeñarán las organizaciones civiles frente a esta coyuntura, y las condiciones que enfrentan para contribuir al bienestar público.

La apertura democrática de México trajo consigo el fortalecimiento del entorno de trabajo para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), particularmente, con la Ley de Fomento, publicada en el año 2004. Esta ley reconoció a las organizaciones civiles como actores de interés público, habilitó el funcionamiento del Registro Federal de OSC y de la Comisión de Fomento, ambos instrumentos para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de dicha ley. Asimismo, la Ley de Fomento reconoció los derechos de las OSC, inherentes a la vida asociativa de la ciudadanía, y cuya observación es de la mayor relevancia para la construcción social del Estado.

Sin embargo, los estudios que analizan la construcción del entorno habilitante, o propicio para el trabajo de las OSC en México, han demostrado que el fortalecimiento del marco jurídico no es la única condición necesaria para fortalecer la participación organizada de la ciudadanía. Un trabajo publicado por el Instituto Mora[1] (2018), analizó también la dimensión económica, política y sociocultural del contexto mexicano, para explorar de manera integral, la forma en que responde el entorno el trabajo de las OSC a diferentes dimensiones de nuestro contexto. Esta investigación levantó información de una muestra de 124 personas vinculadas a OSC mexicanas, identificó que “si bien existen ambientes poco propicios para el desenvolvimiento de las OSC”, estas condiciones también representan la posibilidad de consolidar un sector social más dinámico y plural, que contribuya de forma relevante al desarrollo de la sociedad mexicana.

El reporte del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil[2] (CIESC), sobre la sostenibilidad de las OSC en México, aportó una lectura similar sobre el entorno de trabajo de las OSC. Este reporte (2019), presentó los resultados del Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones Civiles en México. El índice se construyó a partir de la valoración de siete variables por parte de un panel de expertos. El reporte ubicó la sostenibilidad de las OSC en un punto medio de suficiencia, siendo los factores más rezagados: la imagen pública de las organizaciones civiles, sus capacidades organizacionales y sus capacidades para incidir en políticas públicas.

Los estudios demuestran que el entorno de trabajo de las organizaciones civiles en México tiene condiciones que afectan de forma relevante la sostenibilidad de la participación social organizada. Sin embargo, profundizan poco en los eventos más recientes, que, originados en las políticas públicas de la nueva administración federal, han abierto una grieta profunda en la continuidad de las relaciones entre las organizaciones civiles y el gobierno, así como han agudizado las condiciones que limitan la participación social organizada. Es un hecho que la participación social organizada en México enfrenta un deterioro progresivo y acelerado.

Antes de discutir las implicaciones de esta problemática en el contexto de la emergencia sanitaria actual, quiero explicar el deterioro de la participación social organizada con dos ejemplos claros de la administración y las políticas públicas del gobierno federal. Me refiero de forma concreta a la Circular Uno[3] que emitió la Oficina de la Presidencia el 14 de febrero del 2019, como el primer ejemplo. Esta circular, firmada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, comunica a todos los miembros del gabinete del gobierno federal la decisión de “no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.

El segundo ejemplo refiere a la deriva de esta decisión en el programa federal insignia para el fomento a las actividades de las OSC: el Programa de Coinversión Social (PCS). Este programa, implementado por el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), tenía como objetivo el fortalecimiento de la participación social para impulsar el desarrollo comunitario, y coinvertía en proyectos que cada año presentaban más de 800 organizaciones civiles, distribuyendo anualmente un recurso total aproximado de 200 millones de pesos. Sin embargo, para el ejercicio del año 2019, INDESOL modificó el marco de referencia y las reglas de operación del programa, para focalizar su objeto de intervención en el apoyo a proyectos de cohesión social en municipios indígenas de alta y muy alta marginación[4].

La publicación de la Circular Uno y la modificación de las reglas de operación del PCS representan restricciones significativas a la posibilidad de articular relaciones participativas entre organizaciones civiles y el gobierno. El problema es que México, como todo Estado democrático, necesita siempre de estas relaciones participativas para fortalecerse, y en el contexto de una emergencia sanitaria como la que vivimos, esta necesidad se agudiza.

Por ejemplo, la primera línea de batalla —como se ha denominado al grupo de médicos y cuidadores que atienden a los pacientes en los hospitales—requiere de plataformas organizacionales que defiendan sus derechos laborales. De igual forma, he percibido una demanda creciente en los servicios de distribución y provisión de despensas para aquellas familias de escasos recursos que, ante el confinamiento y el cierre de centros laborales, requieren un sustento alimentario. No obstante, la participación de la sociedad civil organizada no se limita a ofrecer soluciones para este momento crítico: después de la tormenta no tendremos calma, porque la realidad es que nunca la hemos tenido.  

Reducir la violencia contra las mujeres fue la última demanda social más sentida antes de que esta pandemia llegara a México, y como era esperado, esta violencia, particularmente la doméstica, ha crecido a niveles extraordinarios. La Secretaría de Gobernación  ha reconocido que, durante la Jornada de Sana Distancia, el número de llamadas que registró el teléfono 911 aumentó 22.31% con respecto al mes de febrero[5].

La cooperación entre la ciudadanía organizada y el gobierno es una condición necesaria para mitigar los daños y riesgos que vivimos, no sólo durante esta emergencia sanitaria, sino de forma permanente. Yuval Noa Harari, un reconocido historiador y filósofo israelí, escribió para la revista Time[6] que la mayor victoria que pudiera lograr el SARS-CoV-2 contra la humanidad es aumentar la desconfianza y separación entre las personas; su derrota definitiva estaría originada en la cooperación entre ciudadanos organizados, gobiernos y organizaciones internacionales.

Este es un momento clave para valorar y demostrar la relevancia que tiene la participación social organizada en la solución de problemas públicos. La resiliencia que este sector de la sociedad ha demostrado en las últimas décadas del México contemporáneo patenta su capacidad para responder a cualquier reto, pero no podemos limitarnos a pensar que la sociedad civil es solo un contrapeso.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil también forman parte del Estado, como expresión concreta del ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así, promover su inclusión en la solución de problemas públicos se convierte en una responsabilidad que todo gobierno democrático está obligado a cumplir. Sin embargo, y retomando las reflexiones de David Arellano y Gabriel Rojas, que mencioné al inicio, esta obligación no se cumplirá de forma espontánea, ni por decreto, porque la participación social es producto de los acuerdos y reciprocidades. El primer paso para que la organización ciudadana pueda ser una fuerza del Estado en el combate a cualquier coyuntura, es el acuerdo entre la sociedad civil organizada y el gobierno. El acuerdo nacional es indispensable para reducir la incertidumbre de la coyuntura que vivimos.


[1] Sánchez, G. y Cabrera, R. 2018. A contracorriente : El entorno de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México. México. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y universidad Autónoma Metropolitana. Ed. Contaemporánea. Cooperación Internaciónal y Desarrollo. 7-207.

[2] CIESC y USAID, 2019. Civil Society Organization Sustainability Index: For Mexico. Washington, D.C. United States Agency for       International Development. 1-24.

[3] San Martín, N. 2019. “AMLO notifica a su gabinete: no transfieran ningún recurso a ONG o sindicatos”. Revista Proceso.

[4] Secretaría de Bienestar. 2019. “Programa de Coinversión Social”. Cuarto Informe Trimestral 2019. Pag. 76.

[5] Martínez, F. 2020. “Incrementan llamadas de auxilio al 911 por violencia intrafamiliar”. La Jornada, 16 de abril del 2020. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/16/incrementan-llamadas-de-auxilio-al-911-por-violencia-intrafamiliar-2526.html

[6] Harari, Y. “In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership”. Time, 15 de marzo del 2020.

José Malvido

José Malvido

Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en Administración y Emprendimiento Social por la Universidad ORT México. Cuenta con 9 años de experiencia colaborando con organizaciones civiles, enfocadas a la infancia, adolescencia y juventud, como voluntario, especialista en evaluación y consultor externo.

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