El dilema ético generado por la pandemia del coronavirus se puede asociar a una palabra: imposible. De acuerdo con el profesor David Arellano[1], tenemos en frente un ejemplo perfecto del dilema del tranvía, un ejercicio filosófico que se utiliza para contemplar la ética en la toma de decisiones. En el supuesto tradicional, el dilema consiste en un sujeto que mira cómo se aproxima un tranvía a toda velocidad. La vía por la que transita tiene dos desviaciones, en una de ellas está atada una persona, en la otra se encuentran cinco. Ante la imposibilidad de liberarlas a tiempo, el sujeto debe decidir qué hacer, si mueve una palanca puede desviar la dirección del tranvía hacia alguna de las desviaciones. El dilema supone la difícil decisión entre sacrificar a una persona o a cinco.
Hoy enfrentamos un problema similar: el “tranvía” llamado COVID-19 se está acercando. El dilema actual nos presenta dos opciones. En la primera se implementan medidas de distancia, aislamiento social y cuarentenas generalizadas que contribuyen a reducir el número de decesos. No obstante, esta opción es costosa económicamente, puesto que reduce la producción de las empresas, así como una serie de efectos consecuentes como los despidos masivos, entre otros (Hunter, et al., 2020).
La segunda opción es mantener a la población en su dinámica cotidiana de vida, sin implementar ningún tipo de acción para la mitigación del virus. A primera vista, la economía no sufriría un impacto tan considerable, pero esta opción puede ocasionar que cientos de miles de ciudadanos puedan ser víctimas del virus. Un dato relevante es que la tasa de mortalidad es 10 veces más letal que la de la influenza AH1N1 (Ries, 2020). En síntesis, tal como en el dilema del tranvía, la primera opción significa salvar miles de vidas a expensas de la economía, mientras que la segunda “salvaría” a la economía a expensas de una pérdida de vidas inconcebible.
En la realidad, ninguna opción es buena. En este acalorado debate, algunos sostienen que pensar en la economía da la impresión de que el dinero vale más que las vidas humanas. Esta discusión está sumergida en un enmarcado específico en donde el término “neoliberalismo” aparece como una ideología negativa, desdeñable e incluso culpable de algunos de los problemas actuales que se han acentuado con la pandemia. Sin embargo, en un país donde 56.3% de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad (García, 2019), la economía de alguna manera es la vida. Cuando el hambre y la enfermedad amenazan con la misma fuerza, no existe la opción de ignorar cómo se va a mantener la máquina económica en moción y tampoco se puede relegar la discusión de la economía a la esfera de los capitalistas descorazonados. Para bien o para mal, esta es la realidad que tiene que enfrentarse.
A su vez, existe otro dilema del tranvía dentro del económico: ¿contraer deuda o redireccionar los recursos del gobierno? El riesgo de contraer deuda, aunque no se puede evitar por completo, es la posibilidad de caer en otra crisis como la de 1994. Aunque estamos en un momento de endeudamiento masivo mundial (Hunter, et al., 2020) que podría facilitar el intercambio de deuda, la caída en los precios del petróleo (“Histórico de Petróleo Brendt”, 2020) y el estancamiento del PIB el año pasado (LaFuente, 2019), aumenta el riesgo de incumplir con los pagos puntuales.
No obstante, al tomar el otro camino y redireccionar los recursos gubernamentales, surge la pregunta: ¿de dónde vendrán esos recursos? Lógicamente todo lo que sea utilizado ahora no estará para más después, como se puede apreciar con el uso de los recursos de los fideicomisos, y especialmente, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (Hernández, 2020).
Por lo tanto, es necesaria la creación de una caja de herramientas de políticas públicas nuevas y creativas para enfrentar esta crisis. Si existe un momento para la innovación, es este cuando queda mucho por hacer y los recursos son escasos. Aunque la necesidad de los grandes rescates y la imposición de nuevas regulaciones es imperante, estas soluciones vienen con costos que deben ser considerados. Una analogía a este dilema es el tratamiento contra el cáncer con quimioterapia: suele ser el tratamiento indicado, pero puede ser fatal; por lo tanto, deben emplearse tratamientos coadyuvantes para reduzcan el impacto negativo de las quimioterapias mientras ayuden a reducir las células cancerígenas. En este caso, deben de diseñarse políticas “coadyuvantes” para limitar los costos de las intervenciones gubernamentales más grandilocuentes. Para este fin, es posible potencializar recursos que se tienen a mano para cubrir esta necesidad.
En los últimos años, las plataformas en línea para la repartición de bienes y servicios como MercadoLibre, Amazon, Uber, Rappi y otras más especializadas han irrumpido, volviéndose una de las maneras más accesibles para comprar cualquier tipo de producto. Al mismo tiempo, la ubiquidad del teléfono móvil y el acceso al internet ha alcanzado cifras históricas, con grandes implicaciones para la globalización, la economía y la transmisión de la información (Guadarrama, 2019). Con el auge de estas tecnologías, la expresión de la demanda tanto como la de la oferta se ha ampliado, abriendo nuevas posibilidades para el intercambio de bienes. Empero, uno de los resultados de este crecimiento ha sido la ampliación del sector informal (La Jornada, 2019), de la cual han surgido nuevas desigualdades debido a la falta de regulación: los precios se vuelven inestables, la ola de competencia creada puede vulnerar la estabilidad dentro de un mercado y el número de trabajadores sin seguridad laboral ni servicios sociales se mantiene en un nivel alto (La Jornada, 2019). Una de las soluciones propuestas para resolver estos problemas ha sido la formalización de este sector (Ibarra, 2020).
Por lo tanto, al tomar en cuenta todo el contexto, nos encontramos en un momento oportuno para emparejar problemas y soluciones, tal como en la propuesta de Kingdon (1991). En su enfoque, existen tres corrientes: política (politics), problemas y políticas públicas (policy), también concebidas como “soluciones” a estos problemas. Para poder activar una nueva solución a un problema público, hay que aprovecharse del momento oportuno cuando la corriente política converge con la corriente del problema relevante a la solución. En este momento, el problema se encuentra en la agenda política y se puede proponer la nueva solución, puesto que existe mayor probabilidad de que se acepte como una opción viable. En este aspecto, la formalización del sector de las plataformas de comercio electrónico ha encontrado su momento: el ambiente político de desesperanza y angustia causado por el problema de coronavirus presenta las condiciones ideales para activar esta solución. Aunque anteriormente no existía la motivación para cambiar el statu quo, ahora podría no sólo ayudar a bajar las altas tasas de informalidad laboral, sino también resolver algunos problemas económicos causados por el coronavirus.
Para ello, se presenta la siguiente propuesta. Primero se formaliza este sector de manera parcial, empezando con las plataformas de entrega de productos y transporte, como Rappi, Uber, UberEats y Didi, a través de la gobernanza de redes. La Secretaría de Bienestar, quien está encargada de apoyar a los sectores de la población con mayor necesidad y experimentó un incremento en su presupuesto para este año, puede estar encargada de realizar acuerdos con estas plataformas para subsidiar los gastos de entrega y los costos de ingreso en la plataforma para incluir los negocios pequeños que de otra forma no podrían incorporarse. A cambio, puede gravar levemente a la empresa con impuestos mínimos, así compensando parcialmente los gastos incurridos del subsidio, lo que puede resultar atractivo para las empresas privadas dadas la expansión de la red de entrega y la estabilidad de un contrato gubernamental. Dentro de este proceso, la Secretaría también ganaría acceso a los registros de trabajadores y empresas involucrados en este mercado. De forma directa, este acuerdo ofrece dos grandes beneficios: 1) la garantía de trabajos y el movimiento de productos al grado máximo posible dadas las circunstancias y 2) la semi-formalización del este sector.
Los dos elementos fundamentales que permiten que la formalización de este sector opere como una solución a los problemas económicos causados por coronavirus son el subsidio y la registración. En cuanto al primero, con una revisión básica de las aplicaciones de UberEats o Rappi, el usuario se da cuenta que existen varias cuotas adicionales: de entrega, de propina, etc. En muchos casos, estos pueden sumar a más de $100, alrededor del mismo precio de los ingredientes para una comida familiar cuando se compran en el mercado. Por lo tanto, estos servicios no son accesibles a una gran parte de la población y como consecuencia, estas personas tendrán que seguir saliendo al mercado por sus productos. Además, se ha reportado que algunas empresas, como UberEats, cobran una tarifa base más comisión a los restaurantes con que trabajan (Sagan, 2018), creando gastos que la cocina económica en la esquina o el mercado local no pueden cubrir. Estas cuotas extras forman una barrera de entrada para muchos consumidores y productores que podrían querer entrar en este mercado, y un subsidio para aliviarlas abriría las puertas a mayor intercambio. Este intercambio generaría más ingresos para ambos los productores y los trabajadores informales, que gozarían de más oportunidades para ganar dinero. Por el otro lado, protegería a los consumidores, que podrían recibir la misma utilidad por su gasto sin la necesidad de salir de sus casas. De esta forma, esta propuesta cumple con el primer beneficio antes mencionado.
El otro elemento esencial de esta propuesta es la externalidad positiva de la semi-formalización de este sector: el registro de trabajadores. La identificación de una fuerza laboral dedicada a estos trabajos permite no sólo su regularización, sino su protección. En luz del alto impacto que sufrirá el sector informal como un todo—incluyendo los comerciantes ambulantes, vendedores de calle y otros—estos beneficios son de suma importancia. Algo que apenas está entrando en la discusión nacional es la diferencia en la capacidad de una persona para acatar una cuarentena según su nivel socioeconómico (Almazán, 2020). El sector informal como no suele proveer empleos que permiten el trabajo a distancia, tiene un riesgo mayor de contraer esta enfermedad por verse con la necesidad de salir a la calle. Los trabajadores que se encuentran en esta situación se encuentran ante una decisión vital entre arriesgarse o asegurarse de la posibilidad de pagar sus gastos más básicos, como el domicilio y la comida. La ampliación del intercambio en este mercado permitirá el ingreso de más trabajadores, quienes estarán registrados con el Estado. Tener un registro de trabajadores de entrega permitiría la destinación de recursos especiales a ellos, como los cubrebocas y el gel antibacterial, así como la elaboración de procedimientos de entrega para minimizar el riesgo de la infección. Mientras los consumidores se queden en sus casas, la destinación de recursos específicamente a la población móvil reducirá los gastos cumulativos y la proporción de la población que queda totalmente expuesta será más pequeña.
También existen otros beneficios secundarios, como el fortalecimiento de la relación entre el gobierno y el sector privado en una forma que no amenaza el papel del Estado. Debido a que se trata de un servicio novedoso, los debates serían menos encarnizados en torno a la privatización y las responsabilidades del Estado, como suelen existir en temas de salud o la educación. Adicionalmente, esto coincide con las metas y valores de este gobierno, “el bienestar para todos los ciudadanos”. Al principio, este acuerdo se limitaría a cubrir las necesidades de la contingencia; sin embargo, al largo plazo, se podría ofrecer seguro social a los trabajadores que cumplen con una cuota de horas o de ganancia. En la línea de las tendencias centralizadoras que pueden observarse, la incorporación de millones de trabajadores dentro del marco gubernamental se podría contar como un gran logro para la administración pública y hablar del compromiso que esta Administración tiene con sus votantes.
Sin embargo, existe algunos posibles detractores de esta propuesta. El primer problema que puede enfrentar es que los mismos trabajadores que actualmente están en una situación vulnerable entrarían en otra situación peligrosa por ser la “primera línea” de acción de la economía dentro de esta contingencia. Debido a que serán ellos quienes entregan los productos, su riesgo de infección aumenta y también la posibilidad de contagiarse a otras personas. Sin embargo, visto desde el otro extremo, pueden argüirse que no estarían más desprotegidos de lo que están en la actualidad, puesto que este tipo de infraestructura opera, pero sin ningún tipo de regulación. Incluir el gobierno en la gestión de este negocio permitiría la protección de estas personas y sus clientes, con un efecto acumulativo de más protección, no menos.
Otro posible conflicto existe en la formalización de estos trabajos al largo plazo. Es posible que sea difícil justificar la demora en la provisión de beneficios de seguridad social a trabajadores formales. En este caso, esta demora sí es necesaria debido al enorme estrés que sufre el sistema sanitario actualmente. En el largo plazo, su incorporación podría ser posible con el balance adecuado entre subsidios y gravámenes, algo que puede establecerse en negociaciones posteriores entre agentes estatales y las plataformas.
A pesar de estos conflictos, esta propuesta sigue siendo una parte integral de un plan comprehensivo para la mitigación de las contingencias sanitarias que nos hacen enfrentar decisiones imposibles, como la del tranvía. Vivimos en un mundo cada vez más global, lo que significa la transmisión en todas sus formas: de ideas, de oferta y demanda, y de contagios. Aunque tal vez sea tarde para adaptar esta propuesta, siempre deben considerarse nuevas alternativas y opciones que permitan resolver problemas extraordinarios, que pueden eventualmente ocurrir de nuevo. Esta propuesta proporciona una solución sencilla y directa a al menos tres problemas: el riesgo de contagio, el estancamiento de la economía y la informalidad laboral, esbozando una nueva forma de enfrentar las crisis que puede ser duradera y factible. Es fundamental adaptar las formas en las que interviene el gobierno para adecuarse a los cambios en el ambiente internacional y los rompecabezas éticos que causan. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a todos los planes, desde los que implican grandes inversiones y revisiones institucionales hasta los más modestos. Sólo así se puede conformar un paquete de políticas útil y practicable para proteger el país contra cualquier amenaza.
Referencias
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García, A K. (25 sep 2019). “Informalidad repunta a 56.3% de la población ocupada”. El Economista. Retrieved from https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Informalidad-repunta-a-56.3-de-la-poblacion-ocupada-20190925-0053.html
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[1] https://twitter.com/gaultin/status/1243243916792434688