La política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en México ha atravesado por vaivenes socioeconómicos (micro y macro), pero sobre todo políticos que la han limitado en el cumplimiento de sus objetivos, además de no permitirle estabilidad y adaptabilidad a la realidad. Uno de los objetivos en deuda con la nación es destinar el 1% del PIB a la ciencia y tecnología, decreto en ley[1] que está lejos de cumplirse por lo menos en la presente administración con la propuesta de Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado. Actualmente el porcentaje que México destina al rubro de CTI es de alrededor el 0.5% del PIB, por debajo de Argentina (0.6%) y Brasil (1.2%) si lo comparamos con países latinoamericanos (UNESCO, 2019). Y en contraste con los países que más invierten en CTI, México está muy lejos del 4% de Corea del Sur y del 3% de Japón. La inversión en CTI con respecto del PIB de estos dos últimos países son una muestra del papel primordial que tiene el Estado como promotor del desarrollo científico y tecnológico a través de políticas sustentadas en una planeación estratégica y visión del futuro en un proyecto nacional (Ivanova, Licona, Loaiza, Mendoza, Rangel y Uscanga, 2016).
De regreso al panorama mexicano, para recordar el orden de los hechos más recientes, el pasado 3 de mayo el ejecutivo federal emitió un memorándum donde se instruye de manera inmediata se realicen recortes del 30 al 50% al Presup
uesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Esta medida afecta directamente a los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt, al igual que a los Institutos Nacionales de Salud y a otras instituciones que forman parte del gobierno federal. Dentro de las principales afectaciones que se presentan con la reducción presupuestal a los CPIs se encuentran la capacidad de operar adecuadamente para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, la generación de conocimiento de frontera y la formación de recursos humanos de calidad. Estas actividades son la razón de ser de estos institutos. Al disminuir el presupuesto a los CPIs se pone en riesgo la capacidad de operar y generar resultados satisfactorios en el corto, mediano y largo plazo. Los investigadores científicos y los científicos en formación requieren realizar actividades de divulgación, compra de equipos y materiales para la investigación, así como la participación en congresos nacionales e internacionales como parte de sus actividades de producción y socialización del conocimiento. Es evidente que falta un análisis más profundo sobre la naturaleza de los CPIs y una explicación más amplia en cómo se debe aplicar la ley en estas dependencias del gobierno, que permita la cooperación de la comunidad científica sin poner en riesgo las actividades y producción de ciencia y tecnología.
Como respuesta al memorándum emitido por el Ejecutivo, el 14 de mayo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se pronunció en contra de la austeridad republicana aplicada a la ciencia y tecnología. En poco tiempo se sumaron al FCCyT más de 3,000 científicos al rechazo al memorándum del titular del ejecutivo federal, al emitir un comunicado para manifestar su preocupación ante las recientes acciones tomadas por el gobierno. Por lo anterior, los científicos de México invitan a la reflexión sobre los daños causados al aplicar de manera tajante y a raja tabla las actuales disposiciones.
Estas sacudidas al sector científico en la actual administración inician desde la propuesta de ley de ciencia y tecnología en la cual no se consultó a la comunidad científica, un sector fuertemente consolidado que para la actual administración no tiene ni la importancia ni la atención suficiente. Lo anterior se traduce en incertidumbre y preocupación sobre el futuro del país en el tema de ciencia y tecnología.
Ante un panorama de escasez de recursos, sería un desatino el recorte presupuestal a la CTI en detrimento de las actividades de fomento a la innovación que tanto ha costado construir. Es evidente que la relación del gobierno con el sector científico y tecnológico, no se limita a un tema de sostenimiento y financiamiento de recursos públicos, sino también de resultados y productos que ayudan a resolver los principales problemas de la nación. Los CPI´s y la comunidad científica en general son aliados estratégicos del gobierno, ya que se requiere innovación tecnológica para transformar y modernizar al país, así como para hacer frente a los problemas que se presentan actualmente, de tipo ambiental, energético, salud y alimenticio, por mencionar sólo algunos ámbitos de aplicación. Para muestra un botón, la reciente contingencia ambiental presentada en el área metropolitana de la Ciudad de México refleja la necesidad de implementar tecnología de punta en el uso de vehículos menos contaminantes. Esta acción por sí sola no soluciona el problema, pero ayuda a mitigar la emisión de gases altamente contaminantes.
La austeridad no debería significar menos apoyo a sectores estratégicos para el país. No se puede crecer sin inversión en ciencia y tecnología. Castigar al sector científico y tecnológico significa frenar su desarrollo y sacrificar el futuro del país. Lo anterior porque se estaría limitando las oportunidades de las próximas generaciones y comprometiendo la competitividad de los sectores económicos. No se debe entender tampoco que
proteger al sector científico y tecnológico de la austeridad significa un derroche de recursos sin planteamientos claros de cómo se utiliza y destinan los recursos públicos para el desarrollo de la CTI en México. Al contrario, significa que se deben establecer mecanismos que garanticen cuáles son los recursos mínimos necesarios para no frenar la maquinaria que poco a poco ha generado músculo en un sector poco atendido al paso de distintas administraciones. Significa actuar con transparencia, ética y responsabilidad ante un panorama precario pero necesitado de proteger al sector científico para garantizar la independencia tecnológica y competitiva en el mercado externo.
Austeridad en ciencia y tecnología implica una enorme deuda a largo plazo, que más temprano que tarde cobrará factura lo que se haga o deje de hacer en política científica. La política de ciencia, tecnología e innovación en México en línea con la ley de austeridad republicana requiere un replanteamiento en dos dimensiones: financiamiento y recursos humanos. Se requiere un proyecto serio que incluya un análisis de las posibles afectaciones en las distintas poblaciones, el impacto directo e indirecto y posibles soluciones para mitigar los principales problemas que aquejan a nuestro país. Las soluciones a corto plazo ya no son una opción y la inversión en ciencia y tecnología es una apuesta por el futuro de la nación.
Michele Gonzalez Galindo
michele.gonzalez@alumnos.cide.edu
Referencias
Ivanova, A., Licona, A., Loaiza, M., Mendoza, E., Rangel, J. & Uscanga, C. (2016). Las políticas gubernamentales Ivanova de ciencia y tecnología en el Asia Pacífico en la posguerra: los casos de Japón y Corea del Sur. Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, Tercera época, volumen 10, número 20, Julio – diciembre 2016, pp. 105-136.
Ley de Ciencia y Tecnología, DOF 08-12-2015, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf.
UNESCO, (2019) Reporte de la Ciencia hacia el 2030, https://en.unesco.org/unesco_science_report.
[1] Artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología, última reforma DOF 08-12-2015.