Autor: Cynthia Michel
Octubre de 2014
Hoy en día, la innovación parece ser el remedio a todos los males de las administraciones públicas: “hay que innovar para que las oficinas gubernamentales sean eficientes”, “hay que innovar para tener mejores ciudades”, “hay que innovar para prestar mejores servicios”, y a estas citadas frases le sigue una larga lista de etcéteras. En efecto, en buena parte de las mesas de trabajo del V congreso internacional de la GIGAPP, con sede en Madrid, recurrentemente las conclusiones estaban orientadas a buscar innovar en tal o cual proceso, política o institución.
Pero, en realidad, ¿qué hay de nuevo en la idea de innovar? Después de todo, desde hace más de un cuarto de siglo en la literatura sobre administración pública se le ha dedicado un buen número de páginas a la innovación en el sector público. Pues bien, se trata de poner la idea de innovación en el centro de las estrategias de trabajo de las organizaciones públicas, en lugar de relegarla a una posición adyacente a las mismas. Según lo que vi en el congreso, las formas en las que esto ha estado sucediendo en los países de Iberoamérica es mediante nuevas metodologías que permiten estructurar los procesos de innovación, incorporando al ciudadano en centro de dicho proceso. A esta práctica se le ha denominado “co-creación”.
La co-creación no parte de la idea de prestar servicios para los ciudadanos, como quizá se hacía bajo el paradigma de la NGP, sino de la de prestar servicios con los ciudadanos. Al final, se trata de capturar la capacidad de diseño que tienen los ciudadanos, de abstraer el conocimiento que tienen, cuando ni siquiera se saben poseedores del mismo. Es decir, la co-creación no se trata de un proceso en el que se le pregunta al ciudadano sobre sus necesidades, bajo la premisa de que nadie mejor sabe qué es lo que necesita; se trata, en cambio, de identificarlas con él y de diseñar, con él, una solución para atenderlas.
El caso de un funcionario público del estado de Guerrero que asistió a una de las mesas sirve para ejemplificar esta diferencia. En su intervención, el funcionario cuestionó las idoneidad de incorporar a los ciudadanos en tal grado, pues en su experiencia, cada vez que se acercaban a los agricultores de la región para preguntarles qué necesitaban, ellos pedían más fertilizantes. Naturalmente, el funcionario guerrerense estaba confundiendo la co-creación con la carta a los reyes magos. La co-creación implica integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones porque son ellos los que conocen sus necesidades. Sin embargo, las personas solemos plantear nuestras necesidades en términos de soluciones más que de problemas. La cosa sería diferente si los agricultores dijeran que necesitan hacer más eficiente el uso del fertilizante, por ejemplo, porque entonces las soluciones para este problema, lejos de ser la obtención de más fertilizante, podría ir desde identificar el mejor momento para agregarlo a la tierra, hasta la creación una maquinaria con la que se evite su desperdicio.
Lo cierto es que, aunque nadie conoce tan bien el problema que tienen los agricultores de Guerrero más que ellos mismos, ni los agricultores ni el funcionario guerrerense saben de alguna forma o metodología mediante el cual pueden plantear el problema en los términos antes señalados. Eso explica el surgimiento de los llamados Policy Lab en Estados Unidos, Australia, Europa, e incipientemente en América Latina (por ejemplo, el Mind Lab en Dinamarca, el Policy Lab de Reino Unido, y en breve el Gob Lab en Chile). Estos laboratorios, que surgieron en el sector privado y poco a poco han migrado al sector público, constituyen un espacio de co-creación del cual se desprenden nuevas estrategias o políticas mediante una metodología basada en el humano, denominada Design Thinking, y diseñadas tanto por funcionarios como por ciudadanos.
Coordinados por gente joven, con ideas frescas y actitud emprendedora, estos laboratorios hacen del proceso de innovación algo ciertamente cool. No obstante, el reto está en transitar del proceso lúdico y divertido para innovar en el sector público, a una práctica que se arraiga en dichas instituciones. De ahí la importancia de comenzar a evaluar la eficacia de este tipo de metodología, de valorar si efectivamente se traduce en innovación que se adoptan en las organizaciones, o en políticas públicas que logran sus objetivos.