Mantener el funcionamiento de un gobierno envuelto en una tormenta de debate, haciendo cumplir la ley, haciendo acatar la norma; y manteniendo el control político y social que toda administración pública tiene que respetar es un serio reto que impone la democracia.
David Arellano Gault
Profesor/Investigador y Director de la División de Administración Pública
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
El 23 de Junio es el día internacional del servicio público. Con este acto, la ONU reconoce y difunde la importancia de la administración pública en el desarrollo de los países.
En efecto, en una democracia, el aparato gubernamental es fundamental para lograr las metas y aspiraciones de una sociedad. En una democracia, el reto es alcanzar objetivos colectivos a través de un complejo proceso político que incorporara intereses diversos, contradictorios, en competencia y en conflicto; precisamente, una democracia es un perenne conflicto institucionalizado entre fuerzas opositoras en un ajuste mutuo.
Mantener el funcionamiento de un gobierno envuelto en una tormenta de debate, haciendo cumplir la ley, haciendo acatar la norma; y manteniendo el control político y social que toda administración pública tiene que respetar es un serio reto que impone la democracia. Y, por si fuera poco, lograrlo a través de una lógica de múltiples organizaciones, redes y demandas; donde la propia administración pública no es un Leviatán monolítico, sino un conjunto de organizaciones con su propia lógica afectada por contextos políticos y sociales particulares, es como tratar de deshacer un nudo gordiano sin cortarlo.
Una administración pública capaz, en una democracia, no es aquella neutral y aislada del proceso político. No es una maquinaria de engranes acoplados y ajustados, no es automática ni plenamente sincronizada. Todo lo contrario, es una parte integral del proceso político; un aparato con poder y autoridad, que debe alcanzar resultados a través de administrar la política y politizar adecuadamente la acción. Sin esto, es imposible lograr los objetivos, múltiples, diversos, encontrados y en conflicto, propios de una democracia estándar.
En México, en particular, puede decirse que uno de los dilemas de esta frágil democracia es que no ha decidido ni establecido cuál es su relación con la administración pública. Para muestra, un botón: un aparato gubernamental sin discrecionalidad es inútil. En efecto, no se puede pretender tener organizaciones gubernamentales que logren algo si no es a través de tomadores de decisión y de acción con capacidad para exactamente eso: tomar decisiones y actuar. Sin embargo, el temor es perder el control de dicho aparato administrativo, que se haga, en el caso mexicano, todavía más corrupto y opaco. En efecto, este dilema hay que resolverlo social y políticamente, atendiendo el sistema de botín, como todavía hoy se reparte buena parte de los cargos de la administración pública, y reflexionando acerca del sentido de la administración: esta no es sólo una fuente de rentas ni sostén de clientelas, es un aparato para alcanzar metas conforme a los valores que reconoce y hacia los que propende una sociedad.
Pensar que administrar el gobierno es un acto mecánico, de intendencia, puede ser un grave error. De poco sirven grandes diseños y leyes sesudamente negociadas sin capacidad de llevarlas a la acción, y sin que se implementen y construyan efectivamente en la compleja dinámica de la acción misma. Ya lo dijimos: ejecutar en la administración pública es un acto de inteligencia política, de administración política y de política administrativa. Sin ejecución, la democracia mexicana está a la borda. Sin respeto por la implementación y sin el reconocimiento de la importancia del sector público, dela administración pública como estructura crítica en el logro de los objetivos de política pública, no se llegará muy lejos.
No cabe duda que ante una administración pública con capacidad política, los dilemas de control, de reducción de la corrupción, de su acción transparente y con rendición de cuentas son fundamentales. Pero todo ello, también, debe pensarse con miras a un punto muy claro: crear/mantener capacidad de acción política-administrativa en la administración pública. El objetivo no puede ser lo contrario: maniatar, evitar la decisión y la acción, poner un freno de mano a las organizaciones gubernamentales, como una meta en sí misma.
Los esfuerzos de reflexión y replanteamiento organizacional deben propender hacia una administración pública con capacidad e inteligencia política; con capacidad de acción y respeto por su dignidad; con un marco de control democrático y de rendición de cuentas inteligente, no moralista; con un sentido práctico de permitir la acción y la decisión inteligente. Tal vez esta sea una buena meta a plantear para México a partir de hoy, en el día internacional del servicio público.